Algunas peticiones al régimen para que superar la grave crisis política, económica y social que amenaza la estabilidad de la nación:

* Cese de inmediato a la represión, liberación de detenidos sin cargos ni juicios, y convocatoria a que, bajo esas condiciones, la protesta se lleve a cabo de forma pacífica (marchas, tomas de aceras públicas sin interrupción del tránsito, concentraciones en edificios públicos con protección policial contra agresiones de grupos políticos violentos).

*Apertura de  espacios en los medios de comunicación del Estado, TV, radio, prensa, vallas publicitarias y carteles en oficinas públicas, para con las voces disidentes al gobierno.

* Nombramiento de un nuevo Fiscal General de la Nación, de mutuo acuerdo entre las fuerzas de la Asamblea Nacional, previa solicitud de renuncia de la actual ocupante del dicho cargo.

* Nombramiento inmediato del Contralor de la República (cargo sin nombramiento desde hace más de dos años en abierta violación de la Constitución), de la Defensoría del Pueblo, previa renuncia solicitada a su actual ocupante, y de de la totalidad de los rectores del CNE, estén o no vencidos sus respectivos períodos.

* Comisión de desarme de grupos parapoliciales y paramilitares armados que actúan abierta e impunemente en el país, conformado por una pluralidad de diputados de la AN, representantes de ONG’s, de gremios estudiantiles y universidades.

* Comisión plural y especializada de investigación de crímenes y violaciones a los derechos humanos, por exceso en el uso de la violencia por parte de los organismos represivos del Estado, de funcionarios públicos a cargo y por fiscales y jueces que ignoraron dichos crímenes.

* Comisión para enfrentar la grave crisis económica nacional, conformada por el gabinete económico (el gobierno se compromete a sustituir al actual gabinete que tiene una gran cuota de responsabilidad de la misma), por miembros plurales de la Asamblea Nacional, por las cámaras empresariales, por una representación de gremios y sindicatos nacionales y por un grupo de expertos nombrados por las universidades. El gobierno debe comprometerse a cumplir con el “plan para salir de la crisis” que dicha comisión elabore, en el corto, mediano y largo plazo, y que dicha comisión se mantenga para seguimiento y evaluación de dicho plan, por el tiempo que sea necesario.

* Que la Asamblea Nacional derogue la habilitación presidencial para legislar y que recupere sus funciones constitucionales, que se reestructure a su directiva y comisiones de acuerdo con la pluralidad de fuerzas que la componen, y que todos los diputados se comprometan a colaborar con el “plan para salir de la crisis”, y a conformar las diferentes comisiones que se proponen, en la medida que le sea posible.

*Que el gobierno desista de aplicar su “Plan de la Patria” como procedimiento para desmantelar la Constitución Nacional y que se restituyan las competencias a los entes descentralizados (gobernaciones, alcaldías, juntas parroquiales), monopolizadas por el gobierno central.

* Instalación de una comisión plural para investigar delitos de corrupción contra el patrimonio y el tesoro público, muchas de cuyas denuncias han sido formuladas por altos funcionarios del actual gobierno, y propuesta de un plan anticorrupción.

* Instalación de una comisión plural para enfrentar la grave crisis de inseguridad,  y propuesta de un plan integral que abarque prevención, represión y cuerpos policiales, poder judicial y sistema penitenciario.

Propuesta de asamblea extraordinaria de la
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela

Ante los gravísimos hechos que alteran dramáticamente la vida institucional de la nación. Luego de celebrar asambleas en la APUCV y conocer las posiciones tanto del Consejo Universitario de la UCV como de la misma APUCV, a través de remitidos públicos, donde se denuncia la violación de los derechos constitucionales más esenciales, propongo a los miembros de nuestra comunidad universitaria de la Facultad de Humanidades y Educación, pero sobre todo al decano, a los directores de escuelas e institutos, a los representantes de cogobierno y representantes gremiales (estudiantiles, empleados, obreros y docentes), a que se convoque, con carácter extraordinario (artículo 56 de la Ley de Universidades vigente) y con urgencia, a una asamblea de facultad, con el fin de tratar la preocupante situación del país.

Como miembro de esta comunidad, e interpretando el sentimiento de muchos de mis colegas y alumnos, me permito expresar un conjunto de propuestas como parte de la discusión para dicha asamblea y/o cualquier escenario institucional posible:
1. Proponer la creación de los COMITÉ DE DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN, invitando a gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil venezolana, como iniciativa de la comunidad universitaria, en su pleno derecho de orientar, proponer y denunciar situaciones que violenten, sobre todo, el estado de derecho y los derechos constitucionales.

2. Sustanciar las denuncias y abrumadoras evidencias disponibles, para formalizar la acusación de violación de derechos humanos, el debido proceso y los delitos de crímenes de lesa humanidad, crímenes premeditados y torturas, perpetrados por el  gobierno nacional, a través de diferentes cuerpos de seguridad y/o a través de grupos armados parapoliciales o paramilitares, ante los organismos de justicia internacional, toda vez que, los poderes públicos venezolanos se encuentran secuestrados y bajo el control político del partido del gobierno. Denunciar, asimismo, por complicidad u omisión a los poderes públicos a cargo de velar por estos derechos.

3. Hacer público documento de advertencia a los miembros del gobierno, y sobre todo, a los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado de que sus acciones están siendo observadas cuidadosamente por la sociedad civil, y que las agresiones a la constitución y las leyes, que no prescriben, y pueden acarrear juicios penales, incluso ante justicia internacional, en caso de que se no restablezca el estado de derecho en Venezuela.

4. Hacer pública la posición institucional de nuestra facultad en el sentido de que cualquier salida a la crisis venezolana tiene que proceder dentro de las pautas constitucionales. Y que para ello, el gobierno es el primero que debe restaurar el orden constitucional abiertamente violado. Para restaurar dicho orden, exigimos los siguientes puntos:

A. Liberación inmediata de los ciudadanos apresados por participar en las protestas y suspensión de los respectivos juicios que violan el debido proceso.

B. Cese a la represión desmedida con armas de fuego, gases tóxicos y torturas físicas en contra de las acciones de protesta que la comunidad estudiantil y sociedad civil en general, por transgredir las convenciones y estándares internacionales, hechas normas por nuestra Constitución.

C. Cese a las detenciones arbitrarias contra dirigentes políticos, dirigentes estudiantiles, periodistas y activistas de la sociedad, con acusaciones sumarias sin pruebas ni sustentación y sin el debido proceso.

D. Cese a la divulgación de acusaciones, con o sin fundamentos, contra la disidencia civil venezolana, en forma de campaña política difundida por los medios de comunicación públicos venezolanos, en abierta violación a la ética, el decoro público, el resguardo de la honorabilidad de las personas y por la incitación al odio, a la violencia y al delito, que dichas campañas incentivan.

E. Exigir la restitución del acceso a los canales de televisión nacionales y extranjeros,  y  de emisoras de radiodifusión; el cese a la presión directa e indirecta a los canales privados de comunicación; el compromiso de no intervenir, ni manipular ni sabotear la Internet, declarado derecho humano fundamental por la ONU, y permitir el acceso de la disidencia civil venezolana a los canales y emisoras de propiedad del Estado venezolano, y por tanto de todos los venezolanos y no propiedad de un partido político en exclusiva.

F. Rechazar que antes que ofrecerle un canal de televisión a las universidades venezolanas, instituciones para la producción, educación y difusión de saberes y conocimientos, se hayan despilfarrado cuantiosos recursos en un canal de televisión para la fuerza armada venezolana.

G. Una vez reconocida la grave situación del país, y luego de haber depuesto el lenguaje hostil contra la disidencia y la protesta democrática, proponer a la Asamblea Nacional y al gobierno que constituya mesas de diálogo y debate para enfrentar la grave crisis que amenaza al país con la depresión económica, la disolución social, la anarquía y la ingobernabilidad. En dichas mesas convocar a la oposición democrática, a las universidades y academia nacionales, a los gremios y a las organizaciones de sociedad civil. Producto de esos diálogos, comprometerse a los cambios de rumbos en materia económica, social y política que le devuelvan a la ciudadanía la confianza y la posibilidad de salir juntos los venezolanos de esta grave crisis.

H. Proponer a las autoridades universitarias que por ningún motivo ordene el cese de actividades académicas y administrativas, para comprometer a la comunidad a que mantenga activas las universidades como espacio de diálogo y debate permanente, y declarar “semestre abierto”, para permitir que los estudiantes que participan voluntariamente en actividades de protesta cívica puedan mantener sus actividades académicas correspondientes.

I. Declarar a nuestra FHE en sesión permanente, activar una red social “Asamblea de la Facultad de Humanidades y Educación”, para que su comunidad comunicarse informarse en tiempo real y seguir las acciones aprobadas, su evaluación y posibles nuevas acciones.

Prof. Bernardino Herrera León
Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO)

Los venezolanos tenemos derecho constitucional a exigir un cambio de rumbo y el retorno a la democracia.

(Manifiesto para compartir en las redes sociales)

La de Venezuela no es cualquier crisis. El de Venezuela, no es cualquier gobierno. El país se encuentra al borde de una gravísima crisis, sin precedentes en su historia. Una crisis económica, una crisis social y una crisis política. Y el gobierno anuncia profundizar su “revolución” para imponerla al resto de venezolanos que la disentimos.

La economía está brutalmente paralizada. Las últimas medidas, entre devaluaciones e intervencionistas, la asfixian. Y como remate, el disparate de la ley de precios justos, que colocan al sector productivo en camino rápido hacia la quiebra y el cierre de empresas, con las secuelas de desempleo y pobreza que ello implica.

La sociedad venezolana está sometida al imperio del hampa y la violencia, actuando en casi total impunidad, sin que el gobierno ni institución alguna, actúen eficientemente para enfrentarla. Los venezolanos, ciudadanos comunes pues los altos funcionarios disfrutan de protección especial, estamos a merced de la mayor carnicería de muerte de violencia delictiva que jamás hayamos vivido. Para rematar, presenciamos las más abierta y descarada corrupción, reconocida incluso por sus propios funcionarios, desmoralizando la salud pública, contaminando la ética, la moral y la honestidad de los venezolanos.

Y crisis política, por cuanto nuestro sistema democrático ha sido desmantelado. Una república requiere como mínimo dos condiciones: separación de poderes y estado de derecho, y ambas desaparecieron, desde hace mucho, de nuestro sistema político. Y poco a poco, se viene derogando nuestra constitución para sustituirla por el llamado “Plan de la patria”, proyecto de de sociedad totalitaria y antidemocrática, incompatible con la constitución.

Pero el régimen “chavista”, ahora “madurista-cabellista”, viene cerrando los espacios para el ejercicio de la democracia, se hace más represivo y contribuye premeditadamente a crear un clima propicio para la violencia política, como viene ocurriendo, de diversas maneras en el país, desde hace varios meses. El gobierno es el único el responsable de que el país se encamine hacia violencia al perseguir y criminalizar la oposición democrática (partidos, gremios, sindicatos, ONG’s y pueblo en general), que ha optado por los medios pacíficos como única opción para cambiar democráticamente de régimen.

La situación es cada vez más insostenible: escasez, inflación, desempleo, conflictos sociales, violencia delictiva, corrupción, ausencia de Estado de derecho, entre muchos males, impactan a los ciudadanos venezolanos, sobre todo, los más pobres, obligados a largas y humillantes colas para proveerse de bienes esenciales.

El movimiento estudiantil ha redespertado como voz que exige un cambio en el estado de cosas. Y a estas protestas se vienen sumando muchos sectores del país conscientes de que nuestra nación se descarrila hacia el despeñadero de la violencia, del hambre, la anarquía y la ingobernabilidad.

El gobierno argumenta haber ganado elecciones, que sabemos, en condiciones de ventajismo, abuso y corrupción del tesoro público. Pero ello no le da poder para derogar la constitución, arrebatarnos el estado de derecho e imponernos una sociedad y una economía totalitaria.

El primer paso es exigir un cambio de rumbo. Un plan de paz creíble requiere participación de la oposición política y de la sociedad civil y no un monopolio del gobierno.

Un plan de recuperación económica requiere respeto a los derechos económicos establecidos en la constitución y el desmantelamiento de los fracasados controles fiscales, monetarios y de política económica que ahogan nuestra capacidad productiva y que nos han llevado la economía más dependiente e importadora que jamás se haya conocido en nuestra historia.

Un plan de retorno a la democracia requiere el reconocimiento de todos los venezolanos y el abandono de ideologías discriminadoras y excluyentes, que el gobierno llama “proceso revolucionario”. Requiere nombrar, de mutuo acuerdo, al contralor general, a nuevos rectores del CNE, a un nuevo fiscal general, a un nuevo defensor del pueblo. Requiere crear una mesa democrática para enfrentar la terrible crisis económica que agobia a uno de los países con más ingreso per cápita de Iberoamerica: Venezuela.

Nuestra lucha como sociedad civil es legítima y constitucional. Rechazamos los insultos, el discurso agresivo y vulgar común en funcionarios del gobierno, las acusaciones de golpistas, las campañas negras contra la honorabilidad de las personas y organizaciones, la confiscación y secuestro de los medios de comunicación públicos por parte del partido del gobierno, y el chantaje y presión a los medios de comunicación privados.

Nuestra lucha es para salvar la democracia y el orden constitucional.

Un ciudadano libre de Venezuela