Los venezolanos tenemos derecho constitucional a exigir un cambio de rumbo y el retorno a la democracia.

(Manifiesto para compartir en las redes sociales)

La de Venezuela no es cualquier crisis. El de Venezuela, no es cualquier gobierno. El país se encuentra al borde de una gravísima crisis, sin precedentes en su historia. Una crisis económica, una crisis social y una crisis política. Y el gobierno anuncia profundizar su “revolución” para imponerla al resto de venezolanos que la disentimos.

La economía está brutalmente paralizada. Las últimas medidas, entre devaluaciones e intervencionistas, la asfixian. Y como remate, el disparate de la ley de precios justos, que colocan al sector productivo en camino rápido hacia la quiebra y el cierre de empresas, con las secuelas de desempleo y pobreza que ello implica.

La sociedad venezolana está sometida al imperio del hampa y la violencia, actuando en casi total impunidad, sin que el gobierno ni institución alguna, actúen eficientemente para enfrentarla. Los venezolanos, ciudadanos comunes pues los altos funcionarios disfrutan de protección especial, estamos a merced de la mayor carnicería de muerte de violencia delictiva que jamás hayamos vivido. Para rematar, presenciamos las más abierta y descarada corrupción, reconocida incluso por sus propios funcionarios, desmoralizando la salud pública, contaminando la ética, la moral y la honestidad de los venezolanos.

Y crisis política, por cuanto nuestro sistema democrático ha sido desmantelado. Una república requiere como mínimo dos condiciones: separación de poderes y estado de derecho, y ambas desaparecieron, desde hace mucho, de nuestro sistema político. Y poco a poco, se viene derogando nuestra constitución para sustituirla por el llamado “Plan de la patria”, proyecto de de sociedad totalitaria y antidemocrática, incompatible con la constitución.

Pero el régimen “chavista”, ahora “madurista-cabellista”, viene cerrando los espacios para el ejercicio de la democracia, se hace más represivo y contribuye premeditadamente a crear un clima propicio para la violencia política, como viene ocurriendo, de diversas maneras en el país, desde hace varios meses. El gobierno es el único el responsable de que el país se encamine hacia violencia al perseguir y criminalizar la oposición democrática (partidos, gremios, sindicatos, ONG’s y pueblo en general), que ha optado por los medios pacíficos como única opción para cambiar democráticamente de régimen.

La situación es cada vez más insostenible: escasez, inflación, desempleo, conflictos sociales, violencia delictiva, corrupción, ausencia de Estado de derecho, entre muchos males, impactan a los ciudadanos venezolanos, sobre todo, los más pobres, obligados a largas y humillantes colas para proveerse de bienes esenciales.

El movimiento estudiantil ha redespertado como voz que exige un cambio en el estado de cosas. Y a estas protestas se vienen sumando muchos sectores del país conscientes de que nuestra nación se descarrila hacia el despeñadero de la violencia, del hambre, la anarquía y la ingobernabilidad.

El gobierno argumenta haber ganado elecciones, que sabemos, en condiciones de ventajismo, abuso y corrupción del tesoro público. Pero ello no le da poder para derogar la constitución, arrebatarnos el estado de derecho e imponernos una sociedad y una economía totalitaria.

El primer paso es exigir un cambio de rumbo. Un plan de paz creíble requiere participación de la oposición política y de la sociedad civil y no un monopolio del gobierno.

Un plan de recuperación económica requiere respeto a los derechos económicos establecidos en la constitución y el desmantelamiento de los fracasados controles fiscales, monetarios y de política económica que ahogan nuestra capacidad productiva y que nos han llevado la economía más dependiente e importadora que jamás se haya conocido en nuestra historia.

Un plan de retorno a la democracia requiere el reconocimiento de todos los venezolanos y el abandono de ideologías discriminadoras y excluyentes, que el gobierno llama “proceso revolucionario”. Requiere nombrar, de mutuo acuerdo, al contralor general, a nuevos rectores del CNE, a un nuevo fiscal general, a un nuevo defensor del pueblo. Requiere crear una mesa democrática para enfrentar la terrible crisis económica que agobia a uno de los países con más ingreso per cápita de Iberoamerica: Venezuela.

Nuestra lucha como sociedad civil es legítima y constitucional. Rechazamos los insultos, el discurso agresivo y vulgar común en funcionarios del gobierno, las acusaciones de golpistas, las campañas negras contra la honorabilidad de las personas y organizaciones, la confiscación y secuestro de los medios de comunicación públicos por parte del partido del gobierno, y el chantaje y presión a los medios de comunicación privados.

Nuestra lucha es para salvar la democracia y el orden constitucional.

Un ciudadano libre de Venezuela