Propuesta de asamblea extraordinaria de la
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela

Ante los gravísimos hechos que alteran dramáticamente la vida institucional de la nación. Luego de celebrar asambleas en la APUCV y conocer las posiciones tanto del Consejo Universitario de la UCV como de la misma APUCV, a través de remitidos públicos, donde se denuncia la violación de los derechos constitucionales más esenciales, propongo a los miembros de nuestra comunidad universitaria de la Facultad de Humanidades y Educación, pero sobre todo al decano, a los directores de escuelas e institutos, a los representantes de cogobierno y representantes gremiales (estudiantiles, empleados, obreros y docentes), a que se convoque, con carácter extraordinario (artículo 56 de la Ley de Universidades vigente) y con urgencia, a una asamblea de facultad, con el fin de tratar la preocupante situación del país.

Como miembro de esta comunidad, e interpretando el sentimiento de muchos de mis colegas y alumnos, me permito expresar un conjunto de propuestas como parte de la discusión para dicha asamblea y/o cualquier escenario institucional posible:
1. Proponer la creación de los COMITÉ DE DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN, invitando a gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil venezolana, como iniciativa de la comunidad universitaria, en su pleno derecho de orientar, proponer y denunciar situaciones que violenten, sobre todo, el estado de derecho y los derechos constitucionales.

2. Sustanciar las denuncias y abrumadoras evidencias disponibles, para formalizar la acusación de violación de derechos humanos, el debido proceso y los delitos de crímenes de lesa humanidad, crímenes premeditados y torturas, perpetrados por el  gobierno nacional, a través de diferentes cuerpos de seguridad y/o a través de grupos armados parapoliciales o paramilitares, ante los organismos de justicia internacional, toda vez que, los poderes públicos venezolanos se encuentran secuestrados y bajo el control político del partido del gobierno. Denunciar, asimismo, por complicidad u omisión a los poderes públicos a cargo de velar por estos derechos.

3. Hacer público documento de advertencia a los miembros del gobierno, y sobre todo, a los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado de que sus acciones están siendo observadas cuidadosamente por la sociedad civil, y que las agresiones a la constitución y las leyes, que no prescriben, y pueden acarrear juicios penales, incluso ante justicia internacional, en caso de que se no restablezca el estado de derecho en Venezuela.

4. Hacer pública la posición institucional de nuestra facultad en el sentido de que cualquier salida a la crisis venezolana tiene que proceder dentro de las pautas constitucionales. Y que para ello, el gobierno es el primero que debe restaurar el orden constitucional abiertamente violado. Para restaurar dicho orden, exigimos los siguientes puntos:

A. Liberación inmediata de los ciudadanos apresados por participar en las protestas y suspensión de los respectivos juicios que violan el debido proceso.

B. Cese a la represión desmedida con armas de fuego, gases tóxicos y torturas físicas en contra de las acciones de protesta que la comunidad estudiantil y sociedad civil en general, por transgredir las convenciones y estándares internacionales, hechas normas por nuestra Constitución.

C. Cese a las detenciones arbitrarias contra dirigentes políticos, dirigentes estudiantiles, periodistas y activistas de la sociedad, con acusaciones sumarias sin pruebas ni sustentación y sin el debido proceso.

D. Cese a la divulgación de acusaciones, con o sin fundamentos, contra la disidencia civil venezolana, en forma de campaña política difundida por los medios de comunicación públicos venezolanos, en abierta violación a la ética, el decoro público, el resguardo de la honorabilidad de las personas y por la incitación al odio, a la violencia y al delito, que dichas campañas incentivan.

E. Exigir la restitución del acceso a los canales de televisión nacionales y extranjeros,  y  de emisoras de radiodifusión; el cese a la presión directa e indirecta a los canales privados de comunicación; el compromiso de no intervenir, ni manipular ni sabotear la Internet, declarado derecho humano fundamental por la ONU, y permitir el acceso de la disidencia civil venezolana a los canales y emisoras de propiedad del Estado venezolano, y por tanto de todos los venezolanos y no propiedad de un partido político en exclusiva.

F. Rechazar que antes que ofrecerle un canal de televisión a las universidades venezolanas, instituciones para la producción, educación y difusión de saberes y conocimientos, se hayan despilfarrado cuantiosos recursos en un canal de televisión para la fuerza armada venezolana.

G. Una vez reconocida la grave situación del país, y luego de haber depuesto el lenguaje hostil contra la disidencia y la protesta democrática, proponer a la Asamblea Nacional y al gobierno que constituya mesas de diálogo y debate para enfrentar la grave crisis que amenaza al país con la depresión económica, la disolución social, la anarquía y la ingobernabilidad. En dichas mesas convocar a la oposición democrática, a las universidades y academia nacionales, a los gremios y a las organizaciones de sociedad civil. Producto de esos diálogos, comprometerse a los cambios de rumbos en materia económica, social y política que le devuelvan a la ciudadanía la confianza y la posibilidad de salir juntos los venezolanos de esta grave crisis.

H. Proponer a las autoridades universitarias que por ningún motivo ordene el cese de actividades académicas y administrativas, para comprometer a la comunidad a que mantenga activas las universidades como espacio de diálogo y debate permanente, y declarar “semestre abierto”, para permitir que los estudiantes que participan voluntariamente en actividades de protesta cívica puedan mantener sus actividades académicas correspondientes.

I. Declarar a nuestra FHE en sesión permanente, activar una red social “Asamblea de la Facultad de Humanidades y Educación”, para que su comunidad comunicarse informarse en tiempo real y seguir las acciones aprobadas, su evaluación y posibles nuevas acciones.

Prof. Bernardino Herrera León
Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO)