TRES DERROTAS: el reto de superar al chavismo y salir del siglo XX…

El chavista no es cualquier gobierno al que hay que deponer por catastrófico. El chavismo es una ideología, en ciernes de convertirse en una religión laica, cuya cultura totalitaria ha infiltrado el tejido social del país (y probablemente de otros), corrompiendo a buena parte de la sociedad con los males del estatismo corrupto, del populismo ruinoso, del militarismo represivo y de la supresión de toda forma de ciudadanía y democracia.

La mejor prueba, haber administrado más de un billón de dólares (una unidad seguida de doce ceros) con que arruinaron la economía nacional y pervirtieron la cultura productiva e institucional que se había logrado en el período democrático iniciado en enero de 1958.

A este corrosivo mal social hay que propinarle no una, sino tres derrotas.

DERROTA ELECTORAL

La primera derrota ya ha ocurrido, la derrota electoral. La cúpula del chavismo sabe que, en adelante, no podrá ganar ninguna elección, ni siquiera de una junta de vecinos, aun contando con mayoría en el poder electoral. En las próximas elecciones de gobernadores el chavismo perderá, sin duda, en los 23 estados del país, por ello buscarán suspenderlas. Y de lograrse un referéndum revocatorio en este año, lo perderá estrepitosamente. Y hasta los diputados del PSUV, o GPP serán seguramente revocados en dos años y medio.

El mal del chavismo ya ha sido derrotado en el escenario electoral. Pero faltan dos derrotas más.

DERROTA POLÍTICA

La segunda, la derrota política, nos ocupa ahora, está en el centro de la actualidad: el desalojo del chavismo de todos los espacios de poder: gobierno, fiscalía, defensoría, contraloría, poder electoral, fuerza armada, tribunal supremo y red de tribunales del país, y por último su reducción al mínimo en la Asamblea Nacional.

Todos estos poderes, monopolizados por el chavismo, se han complotado para desconocer la voluntad popular, recientemente expresada el 6 de diciembre pasado, y ya vemos que no será fácil echarlos de cada uno de ellos, pues entre todos forman una compleja red de complicidades mutuas, sobre todo, con el TSJ, reforzado con su fraudulenta renovación “express”, con lo peor del chavismo más comprometido con la corrupción y la delincuencia.

Será muy cuesta arriba emprender los mecanismos constitucionales para relevar al chavismo del gobierno, puesto que CNE, fiscalía, TSJ y la fuerza armada hacen todo lo posible por impedirlo, aun a costa de violar, una y otra vez, la Constitución y las leyes.

El chavismo es una ideología particularmente agresiva, que se ha auto-investido como la elegida para llevar a cabo una revolución, en Venezuela, en Latinoamérica, y hasta en el mundo. Es lo que repite su credo-discurso, aunque sabemos que su fin último es la conservación pervertida del poder por el poder.

La Constitución y las normas de la democracia le estorban. El único “pueblo” que reconocen, es el que vota por ellos. Pueblo es todo aquello que le sea fiel a la camarilla que actúa en nombre del gran caudillo fallecido.

Para derrotar políticamente al chavismo, es decir, para desalojarlo del poder, es necesaria la combinación compleja de fuerzas y acciones por parte de la sociedad civil de cultura democrática.

La unidad política de la sociedad democrática es requisito indispensable. El chavismo lo sabe y por ello intenta socavar la unidad apelando a los más sucios mecanismos, que ya conocemos.

Otra condición es la paciencia, agotándose por la magnitud de la crisis. El movimiento democrático debe tratar de impedir que estallen la anarquía y la violencia social, pues sería el escenario ideal del chavismo, para suspender garantías y reprimir opositores en mayor cantidad y ferocidad, y forzar escenarios de confrontación violenta.

Otro requisito es mantenerse en las vías constitucionales, incluyendo el de la desobediencia civil, instituida en los artículos 333 y 350 de la Constitución. Apartarse de esta ruta cívica, aun cuando implique más tiempo, sacrificios y costos políticos, resultaría en ofrecerle al chavismo el escenario de la confrontación violenta, incluso la guerra civil, que tanto prefiere.

La prefiere porque el chavismo se ha preparado para la confrontación. Ha creado una red de grupos armados con armas de guerra y de cultura muy violenta e intolerante, que ellos llaman eufemísticamente “colectivos”. Ha permitido, a través de las llamadas “zonas de paz” que bandas delictivas tomen el control de territorios donde no existe el Estado, bandas que se opondrían al derrocamiento del gobierno que les garantiza impunidad para sus fechorías. Ha incentivado la corrupción de la fuerza armada, en dos grandes grupos, los narco-militares y los militares delincuentes, estos últimos vinculados los contrabandos de gasolina, de oro y de otros minerales y bienes regulados, de la industria del robo, de los secuestros y del cobro de vacuna. Y ha forjado la complicidad de los funcionarios de los poderes públicos, así como de empresarios y otros sectores, mediante la corrupción por transferencia de divisas, contratos y favoritismos.

El chavismo es una gigantesca maquinaria corrupta y corruptora, dispuesta a la violencia extrema para asegurarse la permanencia en el poder.

Ahora cree que puede resistir la inevitable crisis económica por su modelo ruinoso, y la caída de su popularidad. El chavismo se prepara para pasar de un sistema populista-propagandístico a un sistema de sometimiento y sumisión (también propagandístico, recordemos que sin propaganda no hay revolución), similar al modelo Cubano. Si Cuba ha sido aceptada por la comunidad internacional, sin cumplir ni uno solo de los requisitos de la Carta Democrática Interamericana y sometiendo por necesidad y represión a su pueblo durante décadas… ¿Por qué en Venezuela no puede lograrse lo mismo.

DERROTA CULTURAL:

La más difícil. Aunque las dos primeras derrotas, la electoral y la política, han sido posibles en la medida que se ha ido derrotando culturalmente al chavismo, quedará todavía su derrota cultural masiva y contundente, luego de que haya sido desalojado de todos los poderes.

Esto implica derrotar la cultura del autoritarismo, de la que se alimenta el totalitarismo civil y militarista en la conducción del Estado.

Se encuentra en este renglón el caudillismo, exacerbado al extremo por Hugo Chávez, rescatando la vieja ideología militarista según la cual sólo los militares están predestinados a ejercer el poder, aún cuando los resultados históricos de tales experiencias sociales han acabado de manera cruenta y catastrófica.

Implica derrotar la idea del estatismo como modelo de Estado. Sobre todo el estatismo exacerbado que ha impuesto el chavismo, al punto de convertir el ejercicio del poder en una fuente de chantaje y perversión. El estatismo impone trabas a la iniciativa individual y empresarial, que imprescindibles para el desarrollo económico y social de cualquier nación. Por ello, el estatismo siempre termina, tarde o temprano, en el estancamiento y empobrecimiento social.

Conlleva a la derrota del populismo como mecanismo ruinoso de relación entre los ciudadanos con el Estado. Ningún tesoro público, por más ingresos abundantes que tenga, puede soportar por mucho tiempo, la creciente demanda de dádivas y el sostenimiento del clintelismo, pues convierte a una importante porción de la población en dependientes-clientes del partido de turno en el poder. El populismo es también una cultura destructiva de la capacidad productiva de los ciudadanos, pues antes que producir muchos piensan en la vía fácil de obtener prebendas del Estado.

Se requiere también la derrota del culto a la personalidad, que anula la crítica, incentiva la sumisión, persigue y excluye la disidencia y la inteligencia social, sustituyéndola obediencia ciega al caudillo o a la camarilla que actúa en su nombre, como es el caso actual.

Necesita la derrota de la anti-política, es decir, la ausencia de la política como forma no-violenta y civilizada de resolver las diferencias, para la viabilidad social.

Implica derrotar la cultura del fraude y de la corrupción como forma de vida y de ascenso social, que destruyen la cultura del orgullo y la responsabilidad individual y social, es decir, la cultura del valerse por sí mismos y actuar conforme reglas que garantizan el bienestar de toda la sociedad.

La derrota cultural del chavismo es también, en suma, la lucha por combatir todos los males reunidos en ese coctel de ideologías del siglo XIX y XX que ha construido, eficientemente, chavismo, y que representan las trabas para alcanzar el desarrollo civilizatorio, la convivencia, la superación de la pobreza, la disminución de la violencia y tantos otros males sociales que sufrimos intensamente todos los venezolanos, y que lejos de detenerse y retroceder, vemos creciendo cada vez más bajo el reino del chavismo.

La derrota cultural del chavismo, que resume todas derrotas, es la lucha venezolana por salir del siglo XX, como lo expresara el ilustre humanista venezolano, Mariano Picón Salas, al referirse del siglo XIX, en épocas de la dictadura bárbara de Juan Vicente Gómez.

UCV, URGENTE: UNA NUEVA ESTRATEGIA GREMIAL…

En resumen, tenemos un IPP quebrado y el FONJUCV secuestrado.

El contexto: precariedad extrema de la calidad de vida del profesorado.

Siendo de los profesores, los recursos del Fondo, ya que ni pertenecen a la UCV-patrono y menos al gobierno, cómo es posible que lleguemos al extremo de cerrar el IPP. Tenemos recursos para sostenerlo hasta que, algún día, logremos recuperar sueldos decentes y reivindicaciones suficientes como para hacer autosustentable nuestra fundación de seguridad social.

Ningún argumento jurídico puede estar por encima de la vida. Así que no más consultorías jurídicas por favor. Ya se parecen al TSJ con el gobierno, que no le otorga una al país.

Dejar que cierre el IPP es poner en peligro la salud y la vida de los profesores y sus familias. Es un acto de cinismo, de irracionalidad, de inmoralidad y anti-humanismo. En suma, es la más exacta negación de los valores universitarios.

Lo primero y más urgente es sostener al IPP y sus servicios más esenciales: SAMHOI, SEMO y SICOF. El déficit  de 671 millones de bolívares, anunciado por la directiva en reciente asamblea, amenaza con su cierre técnico en el breve  plazo.

El IPP es nuestro último dique de resistencia universitaria frente al plan de liquidar la universidad libre y plural por parte del “pensamiento único” oficialista, ese engendro mediocre disfrazado de “revolucionario”.

Lo segundo, y tan urgente como evitar el cierre del IPP, es el “rescate” del patrimonio del FONJUCV, que siendo de todos los profesores, ha sido “secuestrado” (fue el término usado por el profesor Alexis Ramos,  representante de los jubilados) por las actuales autoridades universitarias, violando el acuerdo con los llamados “entes fundantes”, la APUCV y la Asociación de Jubilados  ¿La pregunta es, qué está esperando la directiva de la APUCV y los representantes de los jubilados para rescatar todos esos recursos?

El FONJUCV fue constituido por los aportes de toda la vida de profesores, por décadas, y también con los de la UCV, por compromiso reivindicativo. Su propósito inicial fue aportar el 30% que completaría la totalidad del sueldo jubilado. Sin embargo esto jamás se aplicó, pues el fisco siempre aportó el 100% , como se mantiene hasta hoy.

Por no poder cumplir su objetivo fundacional, la UCV destinó  para gastó corriente el excedente del 70% de las utilidades del Fondo. Según, el profesor Alexis Ramos, oscilaba de 10 a 20 millones de bolívares anuales. Pero a partir del 2008, los “entes fundantes” acordaron destinarlos al IPP compensar su ya grave déficit, dándole por primera vez un uso de previsión social al fondo, lo más cercano a su propósito.

Para informarse de la larga y enredada historia del FONJUCV, desde la perspectiva sus principios previsionales y su condición legal, recomendamos leer la carta del profesor Absalón Méndez.

Pero la amenaza voraz del gobierno llevó a iniciar la liquidación del Fondo por pánico, hace casi dos años. Grave error que apoyo la actual directiva, pues, como lo expresó el presidente de la APUCV, Víctor Márquez, en la pasada asamblea del 08 de marzo, “quedamos pintados en la pared”.

El fondo quedó ahora en manos de las autoridades de la UCV, corriendo el mismo peligro de ser expropiado por el gobierno, es decir, el mismo argumento que forzó la decisión de liquidarlo.

El argumento legal, la misma de gobierno y/o autoridades de la UCV, fue la Ley Orgánica de Seguridad Social, inactiva desde su promulgación.

Se trata de un patrimonio de más de un mil millones de bolívares y más de 20 millones de dólares, según datos que se logran apuntar de las engorrosas intervenciones de los directivos en las diferentes asambleas.

Urge, es para ya, una nueva estrategia gremial: es preciso activar la convocatoria de REFERENDUN APROBATORIO, conforme el artículo 63 del Reglamento de Elecciones de la APUCV (no una consulta como suelen llamarla la directiva APUCV), para darle legitimidad democrática y destino seguro al Fondo, en el IPP, como lo han recomendado todas las comisiones nombradas por los “entes fundantes”.

Acto seguido, mantener vivo al IPP, renovar liderazgo gremial y reemprender la restauración del Acta Convenio como nuestro sagrado contrato “gremio-UCV”, dónde somos los protagonistas. A grandes rasgos esta es la estrategia urgente que nos impone la extrema gravedad de la situación universitaria.

PD: Rogamos a la directiva del IPP que el resto del año 2106 no recurran al expediente de un aumento más de los servicios, que al vaso de agua de nuestro déficit familiar no le caben más gotas. Rogamos y prendemos velas por ello.

POLÉMICA DE LOS RETRATOS EN VENEZUELA

Mi punto es que la inmensa propaganda de rostros, "ojitos" y firmas de Chávez por todo el país representa no sólo una transgresión inaceptable, sino además, tiene mucha vinculación con la terrible crisis económica que sufren los venezolanos. La Asamblea Nacional, ahora de mayoría opositora al chavismo, ha retirado del recinto del Palacio Federal que le sirve de sede la propaganda de culto a la personalidad al fallecido Hugo Chávez, a la imagen tridimensional de Simón Bolívar impuesta recientemente, y las del actual presidente del país, Nicolás Maduro.

Es transgresión inaceptable y es también responsable de la crisis económica por tres razones poderosas:

1. Se trata de un despilfarro inútil e irresponsable de los dineros públicos. No es poca la cantidad de dinero despilfarrado, si incluimos además de toda la gigantografía, franelas, gorras, materiales varios, el costoso tiempo que dedican los medios públicos a repetir a extremos tal imagen (13 canales de TV, 5 circuitos de radio, 700 emisoras comunitarias, 3 diarios de circulación nacional, etc.).

2. Se gasta inútilmente en contaminación visual que afecta el estado de ánimo social de la gente. Quien venga del extranjero o explore los portales Web oficiales se encontrará con los "ojitos" de Chávez por todas partes, entre muchas otras iconografía de la religiosidad chavista. Se trata de una imagen de Venezuela impuesta, que en nada representa su diversidad, que no representa a todos los venezolanos, y que han reemplazado los símbolos nacionales por el culto religioso a la personalidad y demás simbología chavista. Será difícil que ese visitante regrese o recomiende visitar al país uniformado de "ojitos" por todas partes, cual Corea del Norte. Esta intoxicación visual maltrata la autoestima nacional. Está demostrado que estado de ánimo social incide en la productividad. Equivale a la moral en los ejércitos, al ambiente adecuado en los lugares de trabajo. Un país forrado en "ojitos" de Chávez es un país deprimente y depresivo.

3. Imponer los "ojitos" y rostros de Chávez por todo el país es, también, una irritante transgresión contra la diversidad cultural de Venezuela. Es falso que Chávez esté "sembrado" en el corazón de todos los venezolanos. Eso quedó demostrado en la recientes elecciones parlamentarias, porque la campaña central del chavismo utilizó la imagen de Chávez, donde éste señalaba la tarjeta por cual votar. Y la mayoría de gente no votó por la que Chávez indicaba. Tomemos por ejemplo un centro electoral de Vargas, de nombre Hugo Chávez Vive, con sede en un edificio de la Misión Vivienda: de 400 votos, ¡¡¡la MUD obtuvo 300!!!

El asunto de los retratos no es una trivialidad, es parte de la espantosa crisis que sufre el país, y como tal debe incluirse en la agenda para enfrentarla.

Según una última encuesta, alrededor de un 80% del país apoya a la nueva AN. El resto del 20% de apoyo al gobierno chavista irá mermando cuando se revelen y difundan los muchos casos de corrupción que involucra a la "oligarquía chavista", y que investigaciones publicadas, como en el libro El gran saqueo, de Carlos Tablante, el monto del fraude directo por corrupción podría por encima de los 200 mil millones de dólares. Es allí donde hay que poner el énfasis.

Evadir el tema del culto a la personalidad a Chávez que nos han impuesto, por miedo a herir sentimientos del "pueblo chavista" y darle argumentos al gobierno para que continúe con un culto a todas luces ilega, es un gran error. Ese culto es parte del problema, es en lo que hay que insistir a fin de retornar al Estado laico como proclama la Constitución Nacional. Insistir también en mostrar al país que ese culto no es gratis ni barato, sino que despilfarra incalculables montos de los fondos públicos, además de alimentar las fabulosas fortunas súbitas personales de los dirigentes, que las conocerán los venezolanos, mientras hacen colas para conseguir algo qué comer.

RUMORES, CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MODELO DE COMUNICACIÓN

Ponencia Seminario “Redes sociales: infoxicación, verdad y mentira”

Organizado por Centro Cultural BOD Corp-Banca, con el apoyo del ININCO

15 de abril de 2015.

Prof. Bernardino Herrera León

Historiador y comunicólogo. Investigador docente de la UCV.

Buenos días. Agradezco al Centro Cultural BOD el haberme honrado a compartir sobre este importante tema, y al ININCO por su confianza para representarlo en este evento.

Concentraré mi intervención en tres partes. La primera, imprescindible, sobre la singularidad de la coyuntura venezolana. Luego, quiero proponerles algunos conceptos que, a modo de marco teórico, pueden ayudarnos a comprender más cabalmente el tema de la información en las redes sociales. Finalmente, expondré tres propuestas que, considero, deberían ocupar el empeño y los recursos públicos en la promoción de un sistema comunicacional moderno.

Parte 1: la singularidad de la coyuntura venezolana.

Comienzo el primer punto argumentando que la singularidad de la realidad venezolana la coloca fuera del contexto de los países de América Latina. Me habría gustado que nos concentráramos en los problemas universales que atentan contra la extraordinaria oportunidad que ofrecen las redes sociales a las sociedades abiertas, como nuevo medio de comunicación. Temas como ciber-terrorismo, pornografía infantil, trata de personas, estafas y fraudes, calidad de la información, opinión pública, y muchos otros, son contenidos de preocupación mundial. Qué lástima que los venezolanos no podamos ponernos al día temas como estos.

Incluso el tema que nos ocupa aquí, que resumo en un solo concepto, “calidad de la información”, ni siquiera podemos analizarlo como si viviéramos en una sociedad democrática. Una sociedad donde funcione el Estado de Derecho. Porque no es así. En consecuencia, me permito hacer distinciones necesarias, para luego, en las siguientes partes que mencioné, proponerles algunos conceptos útiles y algunas propuestas para afrontar esta temática.

No sin antes pedir disculpas por la franqueza, me permito expresar las distinciones que alejan considerablemente  a nuestro país de un estándar de sociedad democrática, y donde las redes sociales, último espacio del ejercicio pleno de la libertad de expresión está a punto de ser intervenido.

En Venezuela está suspendido el Estado republicano. La condición mínima para que exista un estado republicano es que funcione la separación e independencia de poderes. En Venezuela esa condición dejó de existir hace tiempo. Su lugar lo ocupa un régimen totalitario, que lo defino como la no separación y autonomía de poderes, es decir, la concentración de gobierno, poder legislativo, poder judicial y poder moral, todos monopolizado por un caudillo o grupo político. Luego, sus consecuencias, el deterioro del Estado de derecho y la progresiva discriminación, exclusión e intimidación contra los ciudadanos que disientan de tal monopolio. La sociedad venezolana, pues, ha dejado de ser abierta para convertirse progresivamente en una sociedad despótica.

En Venezuela se ha impuesto lo que el mismo régimen ha llamado “hegemonía comunicacional”. Mientras, muchos medios privados e independientes han cerrado, o han sido vendidos de forma forzosa, o han sufrido el cambio brusco de su línea editorial. O simplemente, han decido “neutralizarse”, o auto-censurarse, que es igual. En consecuencia, se ha deteriorado y empobrecido nuestro sistema de comunicacional, en todos los órdenes, sobre todo en las opciones de diversidad y pluralidad de enfoques que demandan los ciudadanos, como ocurre en las sociedades abiertas.

En Venezuela se ha impuesto la opacidad informativa, en abierta negación al artículo 143 de la Constitución. Y ya se acumulan muchas violaciones a la Constitución, aunque basten sólo algunas para considerar que la Carta Magna ha sido derogada. Una amplia modalidad de agresiones a la libertad de comunicación, desde la reciente decisión arbitraria de negarse publicar estadísticas oficiales, hasta ocultar, distorsionar, falsificar e ignorar informaciones y situaciones. Desde la época de las dictaduras del siglo XX, los venezolanos jamás habíamos estado tan desinformados, en plena era de la “Sociedad de la Información”.

Esta opacidad informativa estimula la fuerza del rumor. El rumor es función de la opacidad. Es su principal alimento. Cuando hay información, y sobre todo información de calidad, los rumores se debilitan o simplemente se desvanecen. Pero, aprovechando la opacidad informativa que propicia, el régimen venezolano se ha dedicado, más bien, a propagar rumores. Sobre todo rumores que producen sosiego, angustia, nerviosismo, inquietud y hasta pánico en la población venezolana. Rumores, no se pueden calificar de otro modo, tales como “una inminente invasión militar extranjera”, “ejercicios urbanos públicos frente a posibles bombardeos a la población civil”, la manida “guerra económica”, las innumerables “conspiraciones”, “golpes de estado”, “magnicidios”. Y esto es permanente, es una constante, un recurso cotidiano que gusta usar el régimen para aturdir a la ciudadanía, como también para justificar sus actos de represión y censura. El caso de unos niños recientemente secuestrados será, por ejemplo, su argumento para censurar aún más a la Internet.

En Venezuela, el régimen ha sustituido la información por la propaganda. Todo está impregnado de propaganda. Y la propaganda es la falsificación, la tergiversación, la distorsión  de la realidad. La propaganda no informa, sino que promueve el culto a la personalidad. Miente cuando alude hechos, en ocasiones, abiertamente falsos, finge una realidad que no existe, y en su mayor parte, lleva a cabo una sofisticada y sostenida campaña sucia contra las personas y organizaciones disidentes al régimen.

La propaganda es la verdadera “infoxicación”, que empobrece la cultura, promueve el fanatismo y la confrontación, y que para colmo es costosa. El régimen despilfarra una cantidad desconocida, una descomunal cantidad, en inundarlo todo de propaganda. Porque sin propaganda, no hay revolución.

Además, sobre el ejercicio de la libertad de expresión penden amenazas represivas de todo tipo, desde agresiones directas por parte de grupos armados que aquí llaman “colectivos”, detenciones y juicios arbitrarios, campañas, multas, y otras. De modo que, en Venezuela, ser periodista valiente puede salir muy caro.

Todo este cuadro describe una coyuntura muy particular. Que debe tomarse en cuenta a la hora de analizar y hacer juicios sobre los contenidos en nuestras redes sociales. Debe comprenderse que, bajo estas inmensas presiones, nuestra ciudadanía muestre síntomas de desquiciamiento e intolerancia. Así como también, tendencia al aislamiento, en un intento por ignorar la realidad. Algo cada vez más difícil.

Parte 2: Conceptos y modelos teóricos.

Tomando en cuenta esta singularidad, paso al segundo punto, porque quiero compartir un concepto de comunicación que propongo como parte de la “teoría institucional de la comunicación”, que he publicado hace un par de años, y que está disponible en el repositorio SABER UCV.

La comunicación se hace efectiva a través de tres conceptos, autónomos pero inseparables: Información, saber y conocimiento. Por información se entiende la nube caótica de datos que fluyen en el torrente comunicacional. Por saber, la capacidad que poseen los individuos y las organizaciones para procesar la información. Y por conocimiento, la aplicación del saber para resolver o modificar la realidad.

Cuando definimos la información como un evento caótico es porque ésta existe independiente de nuestra voluntad. Nuestros sentidos no hacen sino recibir, directa o indirectamente,  constante información. Y la información sólo adquiere sentido si poseemos un sistema de saber capaz de comprenderlas. Lo determinante no es la mayor o menor cantidad de información fluyendo en un sistema, sino la capacidad del saber individual para procesarlas. Y sólo con un saber suficientemente informado tendrá posibilidad de convertirse en conocimiento. Cuando tomamos decisiones, cotidianas o transcendentales, estamos ejerciendo el conocimiento.

Ya podemos tener una idea de los agentes que producen la información y la depositan en el torrente comunicacional. Mientras que el saber depende de varias instituciones específicas: la familia, el sistema educativo, nuestra experiencia directa con el entorno y el sistema de comunicación, por contar las más esenciales. El conocimiento, por su parte, retroalimenta tanto a la información como al saber. A mayor calidad de la información, más eficiente será nuestro sistema de saber y mejor desempeño resolutorio del conocimiento.

Las tres partes indivisibles del concepto de comunicación que les propongo requieren funcionar entre sí, pero también funcionar cada una por su lado. Si el mundo de la información está alterado o empobrecido, el mundo del saber se “infoxicará”, esa medida. Y a más bajo desempeño del saber se afectará al mundo del conocimiento. Por el contrario, a más información de calidad, mejor desempeño del saber y más eficiente el conocimiento.

Es crucial, pues, la calidad de la información. Y para evaluar la calidad de la información propongo tres parámetros: objetividad, prestigio y comunidades de saber. La objetividad es función de la mayor diversidad de fuentes posibles. A menor cantidad de fuentes menos objetiva será la información. Cuando se usa una sola fuente, la objetividad es nula.

El prestigio viene dado por la trayectoria profesional u organizacional del agente de información. En este punto, los colegios profesionales, la ética profesional, el comportamiento de los medios son los puntales del prestigio como referencia de calidad de la información.

También las comunidades de saber, o como lo propone Luis Carlos Díaz, “redes de confianza”, donde las comunidades científicas, académicas, profesionales, universitarias, organizacionales adquieren protagonismo y responsabilidad estelar. En el caso de la información sobre salud, por ejemplo, es imprescindible contar con el respaldo de las organizaciones profesionales de la medicina.

Y todas estas formas sociales que contribuyen con el sistema de comunicación deben institucionalizarse y consolidarse en redes de conocimiento, para consolidar el “sistema solar comunicacional”, es decir, todos los componentes del sistema: medios de comunicación, productores de contenido y sistema cultural de la sociedad. Entendiendo por cultura como modelos de concebir la vida.

Parte 3: Propuestas post-régimen.

Apoyado en estos conceptos, considero que la agenda de debates de los gobiernos, de parlamento, los intelectuales, los políticos, los gerentes, los artistas, los propietarios, los periodistas y demás profesionales de los contenidos, podría concentrarse entre tres ejes sustanciales:

Uno, en la idea-fuerza de la Función social de la comunicación. Es decir, el sistema de comunicación es un hecho esencial para el buen funcionamiento de la sociedad. Y debe asumirse como asumimos, por ejemplo, el tema ambiental. Esto implica una responsabilidad social de todas las partes. El Estado, por ejemplo, debe ser el más implicado y subordinado en esta condición.

Para que la función social de la comunicación ofrezca un ambiente de equilibrio, reconocimiento y armonía social, transparencia y confianza, gobernabilidad y desarrollo sustentable, el sistema debe apoyarse en instituciones tanto de regulación como de autoregulación. Tanta autoregulación como sea posible y tanta regulación como sea estrictamente necesaria. La autoregulación se expresa en códigos de ética, en sistemas morales, en sistemas racionales, de cultura de valores y sentido común. Es más barata y más eficiente porque no requiere de policías, ni de vigilantes ni de costosos, lentos y engorrosos sistemas judiciales.

De la regulación ya sabemos, pero agregamos un detalle importante: optar por aquella que reduzca la mayor arbitrariedad posible, es decir, que dependa menos o nada de los funcionarios obligados a cumplirla y hacerla cumplir. Todo un reto. Pero regulación y autoregulación es lo contrario a hegemonía y control comunicacional.

El segundo eje, lo llamo “separación empresa/colegios”. Consiste en fomentar las empresas privadas de medios. Mientras más empresas privadas de medios, mayor serán las garantías a la libertad de expresión. Y no conozco un criterio mejor para delimitar el número de empresas de medios que el mercado de las audiencias, salvo las limitaciones técnicas, que cada vez se reducen.

Al mismo tiempo establecer una rigurosa regulación: los contenidos y línea editorial deben estar en manos de los profesionales. Los empresarios deben concentrarse en el mejor desempeño de las empresas de medios, los profesionales en la mejor relación posible de credibilidad y prestigio con las audiencias. Los empresarios no deben intervenir en la línea editorial. Es decir, no deben imponer lo que debe o no difundirse o publicarse, ello será una decisión del equipo profesional que ha contratado para ello. Los profesionales por su parte, se deben al estricto código de ética y a las regulaciones que establezcan claramente la línea entre la información y la transgresión, entre el contenido objetivo y el fraude.

Y tercero, insistir en la obligación sagrada del Estado a informar, con penas severas cuando se incumpla. Y para que el Estado cumpla con informar, debe prohibirse estrictamente el uso de la propaganda, en todos los poderes y escalas de gobierno (municipal, estadal y nacional).

De este modo ningún alcalde puede estampar su rostro en las ambulancias públicas, ni siquiera si él ha donado de su peculio el vehículo en cuestión. Prohibir estrictamente la propaganda oficial incentiva la convicción de que la mejor promoción es una buena obra de gobierno, debidamente informada por el sistema de medios.

Conforme con este postulado, los medios públicos, que deberían ser muy pocos por las razones onerosas de sus costos y bajo rendimiento de audiencias, deben estar en manos de un Consejo Nacional de Comunicación, constituido por todas las partes involucradas: Estado en todos sus poderes, empresarios, comunicadores sociales y demás profesionales y artistas, académicas y comunidades científicas y las audiencias. El rol esencial de los medios públicos: compensar los contenidos que, por diversas razones de mercado u otras, no suelen frecuentar la agenda de los medios. Rol informativo, fortalecimiento del saber, difusión del conocimiento.

Concluyo. Todos estos ejes requieren bases de investigación, requieren evaluación de políticas y de regulaciones, como el caso de la Ley Resorte, que a todas luces ha fracasado, y sobre todo requieren reconocernos y coordinarnos entre todas las partes que estamos vinculados con la comunicación.

Muchas gracias.

Algunas peticiones al régimen para que superar la grave crisis política, económica y social que amenaza la estabilidad de la nación:

* Cese de inmediato a la represión, liberación de detenidos sin cargos ni juicios, y convocatoria a que, bajo esas condiciones, la protesta se lleve a cabo de forma pacífica (marchas, tomas de aceras públicas sin interrupción del tránsito, concentraciones en edificios públicos con protección policial contra agresiones de grupos políticos violentos).

*Apertura de  espacios en los medios de comunicación del Estado, TV, radio, prensa, vallas publicitarias y carteles en oficinas públicas, para con las voces disidentes al gobierno.

* Nombramiento de un nuevo Fiscal General de la Nación, de mutuo acuerdo entre las fuerzas de la Asamblea Nacional, previa solicitud de renuncia de la actual ocupante del dicho cargo.

* Nombramiento inmediato del Contralor de la República (cargo sin nombramiento desde hace más de dos años en abierta violación de la Constitución), de la Defensoría del Pueblo, previa renuncia solicitada a su actual ocupante, y de de la totalidad de los rectores del CNE, estén o no vencidos sus respectivos períodos.

* Comisión de desarme de grupos parapoliciales y paramilitares armados que actúan abierta e impunemente en el país, conformado por una pluralidad de diputados de la AN, representantes de ONG’s, de gremios estudiantiles y universidades.

* Comisión plural y especializada de investigación de crímenes y violaciones a los derechos humanos, por exceso en el uso de la violencia por parte de los organismos represivos del Estado, de funcionarios públicos a cargo y por fiscales y jueces que ignoraron dichos crímenes.

* Comisión para enfrentar la grave crisis económica nacional, conformada por el gabinete económico (el gobierno se compromete a sustituir al actual gabinete que tiene una gran cuota de responsabilidad de la misma), por miembros plurales de la Asamblea Nacional, por las cámaras empresariales, por una representación de gremios y sindicatos nacionales y por un grupo de expertos nombrados por las universidades. El gobierno debe comprometerse a cumplir con el “plan para salir de la crisis” que dicha comisión elabore, en el corto, mediano y largo plazo, y que dicha comisión se mantenga para seguimiento y evaluación de dicho plan, por el tiempo que sea necesario.

* Que la Asamblea Nacional derogue la habilitación presidencial para legislar y que recupere sus funciones constitucionales, que se reestructure a su directiva y comisiones de acuerdo con la pluralidad de fuerzas que la componen, y que todos los diputados se comprometan a colaborar con el “plan para salir de la crisis”, y a conformar las diferentes comisiones que se proponen, en la medida que le sea posible.

*Que el gobierno desista de aplicar su “Plan de la Patria” como procedimiento para desmantelar la Constitución Nacional y que se restituyan las competencias a los entes descentralizados (gobernaciones, alcaldías, juntas parroquiales), monopolizadas por el gobierno central.

* Instalación de una comisión plural para investigar delitos de corrupción contra el patrimonio y el tesoro público, muchas de cuyas denuncias han sido formuladas por altos funcionarios del actual gobierno, y propuesta de un plan anticorrupción.

* Instalación de una comisión plural para enfrentar la grave crisis de inseguridad,  y propuesta de un plan integral que abarque prevención, represión y cuerpos policiales, poder judicial y sistema penitenciario.

Propuesta de asamblea extraordinaria de la
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela

Ante los gravísimos hechos que alteran dramáticamente la vida institucional de la nación. Luego de celebrar asambleas en la APUCV y conocer las posiciones tanto del Consejo Universitario de la UCV como de la misma APUCV, a través de remitidos públicos, donde se denuncia la violación de los derechos constitucionales más esenciales, propongo a los miembros de nuestra comunidad universitaria de la Facultad de Humanidades y Educación, pero sobre todo al decano, a los directores de escuelas e institutos, a los representantes de cogobierno y representantes gremiales (estudiantiles, empleados, obreros y docentes), a que se convoque, con carácter extraordinario (artículo 56 de la Ley de Universidades vigente) y con urgencia, a una asamblea de facultad, con el fin de tratar la preocupante situación del país.

Como miembro de esta comunidad, e interpretando el sentimiento de muchos de mis colegas y alumnos, me permito expresar un conjunto de propuestas como parte de la discusión para dicha asamblea y/o cualquier escenario institucional posible:
1. Proponer la creación de los COMITÉ DE DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN, invitando a gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil venezolana, como iniciativa de la comunidad universitaria, en su pleno derecho de orientar, proponer y denunciar situaciones que violenten, sobre todo, el estado de derecho y los derechos constitucionales.

2. Sustanciar las denuncias y abrumadoras evidencias disponibles, para formalizar la acusación de violación de derechos humanos, el debido proceso y los delitos de crímenes de lesa humanidad, crímenes premeditados y torturas, perpetrados por el  gobierno nacional, a través de diferentes cuerpos de seguridad y/o a través de grupos armados parapoliciales o paramilitares, ante los organismos de justicia internacional, toda vez que, los poderes públicos venezolanos se encuentran secuestrados y bajo el control político del partido del gobierno. Denunciar, asimismo, por complicidad u omisión a los poderes públicos a cargo de velar por estos derechos.

3. Hacer público documento de advertencia a los miembros del gobierno, y sobre todo, a los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado de que sus acciones están siendo observadas cuidadosamente por la sociedad civil, y que las agresiones a la constitución y las leyes, que no prescriben, y pueden acarrear juicios penales, incluso ante justicia internacional, en caso de que se no restablezca el estado de derecho en Venezuela.

4. Hacer pública la posición institucional de nuestra facultad en el sentido de que cualquier salida a la crisis venezolana tiene que proceder dentro de las pautas constitucionales. Y que para ello, el gobierno es el primero que debe restaurar el orden constitucional abiertamente violado. Para restaurar dicho orden, exigimos los siguientes puntos:

A. Liberación inmediata de los ciudadanos apresados por participar en las protestas y suspensión de los respectivos juicios que violan el debido proceso.

B. Cese a la represión desmedida con armas de fuego, gases tóxicos y torturas físicas en contra de las acciones de protesta que la comunidad estudiantil y sociedad civil en general, por transgredir las convenciones y estándares internacionales, hechas normas por nuestra Constitución.

C. Cese a las detenciones arbitrarias contra dirigentes políticos, dirigentes estudiantiles, periodistas y activistas de la sociedad, con acusaciones sumarias sin pruebas ni sustentación y sin el debido proceso.

D. Cese a la divulgación de acusaciones, con o sin fundamentos, contra la disidencia civil venezolana, en forma de campaña política difundida por los medios de comunicación públicos venezolanos, en abierta violación a la ética, el decoro público, el resguardo de la honorabilidad de las personas y por la incitación al odio, a la violencia y al delito, que dichas campañas incentivan.

E. Exigir la restitución del acceso a los canales de televisión nacionales y extranjeros,  y  de emisoras de radiodifusión; el cese a la presión directa e indirecta a los canales privados de comunicación; el compromiso de no intervenir, ni manipular ni sabotear la Internet, declarado derecho humano fundamental por la ONU, y permitir el acceso de la disidencia civil venezolana a los canales y emisoras de propiedad del Estado venezolano, y por tanto de todos los venezolanos y no propiedad de un partido político en exclusiva.

F. Rechazar que antes que ofrecerle un canal de televisión a las universidades venezolanas, instituciones para la producción, educación y difusión de saberes y conocimientos, se hayan despilfarrado cuantiosos recursos en un canal de televisión para la fuerza armada venezolana.

G. Una vez reconocida la grave situación del país, y luego de haber depuesto el lenguaje hostil contra la disidencia y la protesta democrática, proponer a la Asamblea Nacional y al gobierno que constituya mesas de diálogo y debate para enfrentar la grave crisis que amenaza al país con la depresión económica, la disolución social, la anarquía y la ingobernabilidad. En dichas mesas convocar a la oposición democrática, a las universidades y academia nacionales, a los gremios y a las organizaciones de sociedad civil. Producto de esos diálogos, comprometerse a los cambios de rumbos en materia económica, social y política que le devuelvan a la ciudadanía la confianza y la posibilidad de salir juntos los venezolanos de esta grave crisis.

H. Proponer a las autoridades universitarias que por ningún motivo ordene el cese de actividades académicas y administrativas, para comprometer a la comunidad a que mantenga activas las universidades como espacio de diálogo y debate permanente, y declarar “semestre abierto”, para permitir que los estudiantes que participan voluntariamente en actividades de protesta cívica puedan mantener sus actividades académicas correspondientes.

I. Declarar a nuestra FHE en sesión permanente, activar una red social “Asamblea de la Facultad de Humanidades y Educación”, para que su comunidad comunicarse informarse en tiempo real y seguir las acciones aprobadas, su evaluación y posibles nuevas acciones.

Prof. Bernardino Herrera León
Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO)

Los venezolanos tenemos derecho constitucional a exigir un cambio de rumbo y el retorno a la democracia.

(Manifiesto para compartir en las redes sociales)

La de Venezuela no es cualquier crisis. El de Venezuela, no es cualquier gobierno. El país se encuentra al borde de una gravísima crisis, sin precedentes en su historia. Una crisis económica, una crisis social y una crisis política. Y el gobierno anuncia profundizar su “revolución” para imponerla al resto de venezolanos que la disentimos.

La economía está brutalmente paralizada. Las últimas medidas, entre devaluaciones e intervencionistas, la asfixian. Y como remate, el disparate de la ley de precios justos, que colocan al sector productivo en camino rápido hacia la quiebra y el cierre de empresas, con las secuelas de desempleo y pobreza que ello implica.

La sociedad venezolana está sometida al imperio del hampa y la violencia, actuando en casi total impunidad, sin que el gobierno ni institución alguna, actúen eficientemente para enfrentarla. Los venezolanos, ciudadanos comunes pues los altos funcionarios disfrutan de protección especial, estamos a merced de la mayor carnicería de muerte de violencia delictiva que jamás hayamos vivido. Para rematar, presenciamos las más abierta y descarada corrupción, reconocida incluso por sus propios funcionarios, desmoralizando la salud pública, contaminando la ética, la moral y la honestidad de los venezolanos.

Y crisis política, por cuanto nuestro sistema democrático ha sido desmantelado. Una república requiere como mínimo dos condiciones: separación de poderes y estado de derecho, y ambas desaparecieron, desde hace mucho, de nuestro sistema político. Y poco a poco, se viene derogando nuestra constitución para sustituirla por el llamado “Plan de la patria”, proyecto de de sociedad totalitaria y antidemocrática, incompatible con la constitución.

Pero el régimen “chavista”, ahora “madurista-cabellista”, viene cerrando los espacios para el ejercicio de la democracia, se hace más represivo y contribuye premeditadamente a crear un clima propicio para la violencia política, como viene ocurriendo, de diversas maneras en el país, desde hace varios meses. El gobierno es el único el responsable de que el país se encamine hacia violencia al perseguir y criminalizar la oposición democrática (partidos, gremios, sindicatos, ONG’s y pueblo en general), que ha optado por los medios pacíficos como única opción para cambiar democráticamente de régimen.

La situación es cada vez más insostenible: escasez, inflación, desempleo, conflictos sociales, violencia delictiva, corrupción, ausencia de Estado de derecho, entre muchos males, impactan a los ciudadanos venezolanos, sobre todo, los más pobres, obligados a largas y humillantes colas para proveerse de bienes esenciales.

El movimiento estudiantil ha redespertado como voz que exige un cambio en el estado de cosas. Y a estas protestas se vienen sumando muchos sectores del país conscientes de que nuestra nación se descarrila hacia el despeñadero de la violencia, del hambre, la anarquía y la ingobernabilidad.

El gobierno argumenta haber ganado elecciones, que sabemos, en condiciones de ventajismo, abuso y corrupción del tesoro público. Pero ello no le da poder para derogar la constitución, arrebatarnos el estado de derecho e imponernos una sociedad y una economía totalitaria.

El primer paso es exigir un cambio de rumbo. Un plan de paz creíble requiere participación de la oposición política y de la sociedad civil y no un monopolio del gobierno.

Un plan de recuperación económica requiere respeto a los derechos económicos establecidos en la constitución y el desmantelamiento de los fracasados controles fiscales, monetarios y de política económica que ahogan nuestra capacidad productiva y que nos han llevado la economía más dependiente e importadora que jamás se haya conocido en nuestra historia.

Un plan de retorno a la democracia requiere el reconocimiento de todos los venezolanos y el abandono de ideologías discriminadoras y excluyentes, que el gobierno llama “proceso revolucionario”. Requiere nombrar, de mutuo acuerdo, al contralor general, a nuevos rectores del CNE, a un nuevo fiscal general, a un nuevo defensor del pueblo. Requiere crear una mesa democrática para enfrentar la terrible crisis económica que agobia a uno de los países con más ingreso per cápita de Iberoamerica: Venezuela.

Nuestra lucha como sociedad civil es legítima y constitucional. Rechazamos los insultos, el discurso agresivo y vulgar común en funcionarios del gobierno, las acusaciones de golpistas, las campañas negras contra la honorabilidad de las personas y organizaciones, la confiscación y secuestro de los medios de comunicación públicos por parte del partido del gobierno, y el chantaje y presión a los medios de comunicación privados.

Nuestra lucha es para salvar la democracia y el orden constitucional.

Un ciudadano libre de Venezuela